La abolición de la Ley de la pena de muerte en Portugal tuvo lugar en 1852 por delitos políticos y 1867 por delitos civiles. El documento se conserva en el archivo nacional de la Torre do Tombo en Lisboa y es uno de los primeros ejemplos en los que se registró una ley duradera de abolición de la pena de muerte para crímenes civiles dentro de un sistema legal.
El caso portugués es especial debido que, además de su carácter permanente, el Rey Luis, quien firmó la carta de abolición, fue guiado por principios humanistas y con el tiempo no fue revertida. Víctor Hugo llegó a elogiar en una carta de felicitación a Portugal como líder de Europa por realizar este paso tan importante.