En la Europa postnapoleónica se fijó la defensa del absolutismo basado en los principios de legitimidad y de la intervención en defensa del mismo. Fernando VII pidió ayuda a las potencias europeas para restablecerse en el poder absoluto. Estas potencias, reunidas en el Congreso de Verona (1822) encargan a Francia la intervención en España.
El gobierno francés lleva a cabo un intercambio de notas con el gobierno liberal, donde se pretende crispar a los liberales y provocar la entrada del ejército. La entrada de las tropas comandadas por el duque de Angulema (1775-1844) , los Cien Mil Hijos de San Luis, se produce el 7 de abril de 1823.
El gobierno moviliza las exiguas tropas de que dispone por todo el territorio, pero la resistencia no deja de ser puntual. De esta manera, el centro está defendido por Enrique José O’Donnell, I Conde de La Bisbal (1776-1834) . Asturias y Castilla son territorios de Pablo Morillo, y Francisco Espoz y Mina (1781-1836) resiste en Cataluña. Pero esta contención pronto se manifiesta ineficaz, dejando el camino libre hasta Andalucía. El Gobierno y las Cortes recurrirán al cambio de sede que ya practicaran en la Guerra de la Independencia. Se declara incapacitado al monarca, quien es retenido en Cádiz, lugar donde acabarán refugiándose. Finalizará el episodio con la capitulación y entrega del monarca el 1 de octubre de 1823. Si bien éste es obligado previamente a aceptar una serie de compromisos que incluyen el respeto a las leyes liberales, pero dicha obligación es olvidada por el rey. Fernando VII reestablece el sistema absolutista que sólo acabará tras su muerte en 1833, tras la llamada la Década Ominosa.
Este período se caracteriza por la persecución del liberalismo y el planteamiento de la cuestión sucesoria. La primera cuestión comienza con la derogación de toda la obra de los gobiernos del Trienio Liberal y continúa con la represión a los liberales. En noviembre de 1823 es ejecutado Riego y al año siguiente Francisco Tadeo Calomarde (Villel, Teruel, 1773-Toulouse, Francia, 1843) se hace cargo de la Secretaría de Gracia y Justicia, quien impone una persecución sistemática utilizando los métodos del secreto, delaciones e indefensión del acusado.
La cuestión sucesoria se plantea a partir de la boda de Fernando VII con María Cristina de Borbón (1806-1878) en 1829. La posibilidad de que Fernando tuviera un descendiente perjudicaba a su hermano el infante Carlos María Isidro (1788-1788). Se van perfilando los bandos de las próximas guerras carlistas, los partidarios del absolutismo defenderán al infante, mientras que los moderados y liberales lo harán por el vástago del rey.
Fernando VII promulga en abril de 1830 la Pragmática Sanción que había quedado pendiente de publicación desde su aprobación por las Cortes en 1789. De esta manera se derogaba la Ley Sálica y se permitía reinar a las mujeres. Unos meses más tarde nace su hija, la futura Isabel II (1830-1904).