La situación jurídica de las mujeres en el Tardofranquismo

La dictadura procuró una actualización de sus estructuras económicas a partir del Plan de Estabilización de 1959. Se incrementó la capacidad productiva y, de igual manera, la participación de las mujeres en el mercado laboral, pese a todas las disposiciones legales e imposiciones culturales que les reservaban el cuidado del hogar y la familia, su lugar natural. Consciente de ello, la propia dictadura procuró pilotar este cambio dentro de sus propias coordenadas, mediante cambios jurídicos que mejoraban tímidamente la participación femenina tanto en la esfera pública como la privada.

En todo caso, y en el terreno de los derechos políticos, el sufragio femenino reinstaurado en 1966, a raíz del referéndum para legitimar la Ley Orgánica del Estado, no podía ocultar una situación de absoluta discriminación frente al hombre. Como sostenía el mencionado informe FOESSA de 1966 “sin grandes cambios políticos, por la influencia de las ideologías vigentes, [no] puedan esperarse espectaculares avances económicos. Sobre todo cuando la ideología dominante es la creencia suprema en la eficacia y lo pragmático frente a lo político, lo emocional o lo simbólico”.