GUERRA CIVIL Y POSGUERRA

Incautaciones

El 17 de julio de 1936, un sector de las tropas militares se sublevó con el objetivo de destituir al gobierno de la II República. Es el comienzo de la Guerra Civil española.

Cinco días más tarde, la Dirección General de Bellas Artes creó la primera Junta para la defensa del patrimonio, que posteriormente se definirá como Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. Será la herramienta del Gobierno de la República para la salvaguarda de los bienes culturales ante la destrucción y el pillaje que se desató en el contexto del conflicto bélico.

Este organismo se organizaba en una Junta Central que coordinaba las distintas Juntas Delegadas ubicadas en localidades como Madrid, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Castellón, Alicante o Jaén.

En concreto, en Madrid, la sede de la Junta se instaló en el convento de las Descalzas Reales, lugar que se estableció como depósito de almacenamiento temporal de las obras incautadas, junto con otros como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado o la basílica de San Francisco El Grande.

Los vocales y auxiliares de la Junta recorrían los lugares susceptibles de contener obras artísticas como conventos, iglesias o palacios para localizar cuál era el patrimonio artístico y documental que era necesario salvaguardar y trasladar a depósitos seguros. Estas incautaciones se realizaban de forma cuidadosa y documentando el origen de las piezas. No obstante, también se produjeron un importante número de incautaciones realizadas sin control por sindicatos y milicias, tales como Asociación Socialista Madrileña, CNT o Ateneos libertarios.

En noviembre de 1936, ante los incesantes bombardeos en Madrid, se tomó la decisión de evacuar las obras de arte del Museo del Prado. Se organizó entonces su traslado de Madrid a Valencia y, posteriormente a Girona. Finalmente, algunas de ellas, abandonaron el país hacia Ginebra, donde fueron custodiadas hasta su regreso.

A este primer viaje siguieron otros. Una vez en Valencia, las piezas se dirigían a Barcelona o Cartagena, en función del avance del conflicto, con el fin de salvaguardar la riqueza patrimonial de museos, palacios o catedrales.

El 1 de abril de 1939 se proclamó el final de la Guerra Civil y comenzó la dictadura de Francisco Franco.

Caja General de Reparaciones

El 23 de septiembre de 1936 el Gobierno de la República creó la Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra “con cargo a las responsabilidades civiles de los partícipes en el movimiento sedicioso”. Era un organismo de incautación de bienes y valores cuyo objetivo era “reparar los daños causados por la rebelión”, dependía directamente del Ministerio de Hacienda y su director fue durante toda su existencia Amaro del Rosal.

El Decreto del 7 de agosto de 1937 obligaba a todos los ciudadanos a entregar en depósito en el plazo de un mes en las Centrales o Sucursales de los Bancos enclavados en territorio leal, las piedras y metales preciosos, perlas y joyas que tuvieran en su poder. Finalizado el plazo quedaba prohibida la tenencia de joyas, perlas y piedras y metales preciosos, considerándose su posesión como delito de contrabando, con independencia de la responsabilidad política que, además, pudiese acarrear.

Gran parte de los bienes de oro y plata fueron fundidos. En algunos casos, cuando los bienes incautados eran de valor histórico-artístico se ponía en conocimiento de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, para favorecer su conservación, en concepto de depósito y a disposición de la Caja General de Reparaciones. Este reparto ocasionaba que fueran constantes los conflictos de competencia entre ambos organismos.

A medida que las tropas del ejército sublevado avanzaban, los almacenes de la Caja de Reparaciones fueron trasladados al Castillo de Figueras y a la Mina de la Vajol, lugares cercanos a la frontera con Francia.

El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN)

Por su parte, el bando sublevado creó, en enero de 1937, el Servicio de Recuperación Artística y, posteriormente, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), para recoger y proteger las obras de arte e informar sobre el estado de los monumentos que se encontraban en las zonas ocupadas por sus tropas. Su misión era reunir y almacenar en sitio seguro las obras localizadas para su posterior devolución a sus propietarios. También el SDPAN fue el encargado del retorno de los bienes custodiados en la Sociedad de Naciones de Ginebra en septiembre de 1939.

Tras la toma de Madrid en marzo de 1939, la Junta Delegada de Incautación entregó todos los bienes requisados al Servicio de Defensa. Además, este Servicio registró distintos espacios, entre ellos depósitos de organismos como la CNT, que al finalizar la guerra continuaban teniendo en su poder miles de objetos, y domicilios particulares. En estas visitas se recogieron un gran número de piezas que fueron almacenadas en depósitos seguros a la espera de ser reclamadas.

En estos depósitos, se procedió a catalogar y fotografiar todos los objetos. Entre mayo de 1931 y 1941, Vicente Salgado Llorente fue el encargado de realizar las fotografías en los diferentes depósitos. Sus negativos se conservan en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el conocido como Archivo Arbaiza.

Las visitas y recogidas de objetos incautados se extendieron hasta avanzados los años 40.

Devoluciones

Las primeras devoluciones de objetos comenzaron en mayo de 1939. El inventario de las piezas era publicado en prensa o en el BOE, indicando un plazo de reclamación. Las identificaciones se realizaban mediante visita personal a los depósitos o mediante reconocimiento fotográfico.

El 11 de enero de 1940 se publicó una Orden concediendo a los propietarios un plazo máximo de tres meses para la retirada de los objetos de los almacenes del Servicio de Recuperación, al término de los cuales, de no haberse hecho cargo de sus pertenencias, se entendería que renunciaban a su propiedad en beneficio del Estado.

A pesar de ello se siguieron entregando objetos y organizando grandes exposiciones públicas que ayudasen a la localización de los bienes por parte de sus propietarios, como como las celebradas en el Palacio de Exposiciones del Retiro durante los años 1940, 1941 y 1942 con grabados, miniaturas o abanicos, entre otros objetos. Para la identificación de los objetos religiosos se organizó en 1941 la Exposición de Orfebrería y Ropas de Culto en el Museo Arqueológico Nacional en el Museo Arqueológico Nacional para que parroquias y congregaciones religiosas de todo el país reclamaran los bienes que les habían sido incautados durante la Guerra.

Los bienes no reclamados tras su exposición pública, fueron entregados en depósito a distintos organismos públicos de toda España, así como a la Iglesia.

De forma paralela, por Decreto del 7 de agosto de 1939, se crearon los Juzgados Gubernativos para atender las reclamaciones de los bienes recuperados procedentes principalmente de las cajas de seguridad de distintos bancos españoles, exponiéndose todos ellos en las sedes de los propios juzgados y publicándose listados de los mismos tanto en los juzgados como en el BOE.

En 1940 el gobierno franquista crea la Comisión Liquidadora de la Caja General de Reparaciones encargado de las devoluciones de las incautaciones realizadas por este organismo republicano. Su actividad finalizó en 1942. Desde entonces, todos aquellos objetos que quedaron pendientes de devolución fueron entregados a estos juzgados o al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que fueron los encargados de gestionar el destino final de estos bienes.

En 1942 con la aprobación del Decreto de 12 de diciembre "sobre recuperación de objetos expoliados bajo dominio marxista" se separaron los objetos con valor artístico, arqueológico o histórico, que aún no habían sido reclamados, para ser entregados a la Dirección General de Bellas Artes. Con el resto de objetos se organizó una gran exposición en 1944 en dos sedes: el Banco de España y el Palacio de Cristal.

El 4 de abril de 1952 se aprobó el Decreto "sobre reivindicación de títulos y objetos sustraídos por la dominación marxista" que otorgaba un nuevo y definitivo plazo para efectuar reclamaciones ante el Juzgado Gubernativo de Madrid ordenando la última publicación de listados en el BOE.

En 1963, se dio por terminada la labor de los Juzgados Gubernativos creados para atender las reclamaciones de los bienes expoliados. Mediante el Decreto 2527/1963, se declararon propiedad del Estado aquellos "bienes expoliados bajo la dominación marxista que, habiendo sido recuperados gubernativamente, no fueran reivindicados por sus legítimos propietarios en los plazos y con arreglo a las normas dictadas al efecto".

Todavía en la actualidad diversos museos e instituciones custodian piezas identificadas con la etiqueta de incautación tanto de la Junta como de la Caja General de Reparaciones, cuya procedencia original se desconoce. Por eso, profundizar en el conocimiento del origen de sus colecciones es una de las tareas de investigación asumida por museos y archivos estatales que está en continuo desarrollo.