Sus funciones, refrendadas en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre , consisten en el estudio y dictamen sobre las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como su integración en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos.
Se encuentra regulada por el Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre , por el que se establece su composición, funcionamiento y competencias.
En concreto, le corresponde el estudio y dictamen sobre las siguientes cuestiones:
a) Los plazos de permanencia de los documentos administrativos en cada uno de los diferentes tipos de archivos de oficina o gestión, central, intermedio e histórico.
b) Las transferencias, una vez cumplidos los plazos de permanencia, entre cada uno de los tipos de archivos.
c) La accesibilidad y utilización de los documentos y series documentales.
d) Las propuestas de eliminación de documentos o series documentales y, en su caso, de conservación de su contenido en soporte distinto al original en que fueron producidos, de acuerdo con los requisitos establecidos reglamentariamente.
e) La correcta aplicación de los dictámenes emitidos por la propia Comisión.
f) Cualquier otro asunto sobre materia archivística relacionado con las competencias anteriores.