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Disponible en PARES la descripción de la serie de Expedientes de depuración de Facultativos y Auxiliares del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Para terminar el mes de marzo en el que hemos celebrado el Día Internacional de las Mujeres, el Archivo General de la Administración publica en PARES Nueva ventana la serie Expedientes de depuración de Facultativos y Auxiliares del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Esta serie se describe y publica como parte del Proyecto Mujeres Investigadoras, pues algunos de estos facultativos y auxiliares, igual que pasa hoy en día, fueron también investigadores e investigadoras en nuestros centros.

Nada más estallar la Guerra Civil ambos bandos, republicano y sublevado, hicieron depuración de los funcionarios de la Administración del Estado. El gobierno republicano por Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21-VII-1936 BOE “dispondrá la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que desempeñen, ya se trate de funcionarios del Estado o de empleados de Organismos o Empresas administradoras de Monopolios o Servicios públicos". Por su parte, el Movimiento Nacional BOE decretó “la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados que por su conducta anterior o posterior […], se consideren contrarios a éste, cualquier que sea la forma en que ingresaren y la función que desempeñen, lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la provincia o del municipio”. Así, los funcionarios sufrieron la paradoja de tener que demostrar primero sus ideas marxistas y adhesión a los partidos y organizaciones del Frente Popular, para luego justificar ante el nuevo régimen todo lo contrario. En la documentación de esta serie encontramos en ocasiones el llamado expediente rojo y el del bando nacional.

Expediente de depuración de Matilde López Serrano, 1937. Pulse para ampliar AGA,31.06055,00110,001
Expediente de depuración de María Moliner Ruíz Pulse para ampliar AGA,31,06058,00058,001

Además, en esta época de conflicto, en la que ya de por sí sería difícil encontrar documentación que justificase lo que se pedía, al tratarse de cuestiones tales como la moral o los valores cristianos, estas personas recurrieron a todo lo que consideraron útil, sirviéndose como documento, por ejemplo, un brazalete de tela de la Cruz Roja para justificar que no se pertenecía al Socorro Rojo, (organismo creado por la Internacional Comunista en 1922 y llegado a España en 1934); o estampitas de comunión, para justificar los valores cristianos.

Brazalete de tela de la Cruz Roja incorporado en el expediente de depuración de Justo Sánchez Malo Pulse para ampliar AGA,31,06056,00005
Brazalete de la Cruz Roja incorporado en el expediente de depuración de Justo Sánchez Malo Pulse para ampliar AGA,31,06056,00005
Estampita de primera comunión en el expediente de depuración de Luis Pérez Fortea, 1939-1940 Pulse para ampliar AGA,31,06059,00044
Estampita de primera comunión en el expediente de depuración de Luis Pérez Fortea, 1939-1940 Pulse para ampliar AGA,31,06059,00044
Oficio de Carmen Pescador del Hoyo remitiendo declaración jurada en su proceso de depuración, 1940 Pulse para ampliar AGA,31,06058,00062
Expediente de depuración de María Moliner, 1937 Pulse para ampliar AGA,31,06058,00006

Aunque la depuración afectó tanto a hombres como a mujeres, en los expedientes de ellas se observa como se incide más en los valores morales, y se relacionan éstos con las cualidades profesionales, por lo que fueron más duramente atacadas en los testimonios recogidos en su contra.

Expediente de depuración de María África Ibarra y Oroz, 1937 Pulse para ampliar AGA,31,06055,00096
Expediente de depuración de Felipa Miño Más, 1937 Pulse para ampliar AGA,31,06057,00007

Una vez terminada la guerra, Franco publicó el 14 de febrero de 1939 la Ley fijando normas para la depuración de funcionarios públicos BOE, de 10 del mismo. Y no fue hasta el 24 de diciembre de 1975 cuando por el Decreto 3357/1975 BOE, de 5 de diciembre, se declaran revisadas de oficio y anuladas las sanciones administrativas acordadas de conformidad con lo establecido en dicha Ley de responsabilidad política.

Los efectos de esta política fue la separación definitiva del servicio para 16 funcionarios, de los cuales 7 fueron mujeres. Otros fueron cesados diversos años, inhabilitados para puestos de confianza, trasladados forzosos e inhabilitados a concursar por un periodo. Ascendieron a 21, de los cuales 10 fueron mujeres. El 45% de las depuraciones las sufrieron mujeres.

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