Restauración absolutista de Fernando VII

La Constitución de 1812 es redactada mayormente por liberales, pero un grupo de diputados absolutistas ya habían mostrado su reacción a ella. A éstos se suman todas las instituciones del Antiguo Régimen y la Iglesia, que no acepta la abolición de la Inquisición, la libertad de pensamiento y el ataque a sus propiedades, arrastrando a las masas populares a apoyar el retorno absolutista.

El 11 de diciembre de 1813, el Conde de Laforêt (1756-1846), antiguo embajador de Francia en Madrid, firmaba con José Miguel de Carvajal Vargas, II duque de San Carlos (1771-1828) y con Pedro de Macanaz (1764-1830) un tratado de paz y amistad, el Tratado de Valençay, que reconocerá a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, manteniendo la integridad del territorio español. El tratado supuso la sumisión de Napoleón, que presionado por la guerra centroeuropea, se vio forzado a dejar en libertad al rey Fernando VII, a cambio de la paz entre los dos países.

La Regencia defendió ante el Duque de San Carlos la jura de la Constitución por parte del rey Fernando VII. San Carlos tenía el encargo de averiguar qué ambiente se respiraba en la Regencia y las Cortes. Las pesquisas revelaron que todos deseaban la vuelta del rey, los realistas para que acabara el régimen constitucional y los liberales para que se reconociera la Constitución de 1812 y las reformas realizadas en las Cortes de Cádiz.

El 16 de abril, a su llegada a Valencia, los absolutistas presentaron a Fernando VII el denominado Manifiesto de los Persas, exigiéndole que acabase con el proceso reformador liberal y restableciese la Inquisición. Mientras, el general Francisco Javier Elío, ahora en la Península como general en jefe del II Ejército, juró conservar el trono con todos sus derechos. A todo esto, se sumó la abdicación de Napoleón y la desaparición de la amenaza de una posible invasión francesa.

Todo esto posibilitó que Fernando VII pueda firmase el 4 de mayo de 1814 el Decreto de Valencia, que deroga el régimen constitucional. El decreto presenta una relación negativa de las actividades de las Cortes, contenía un plan de reformas centradas en la convocatoria a Cortes tradicionales con procuradores de España e Indias, hacía una declaración del Monarca contra la jura de la Constitución de 1812 y anulaba la totalidad de la obra de las Cortes gaditanas.

El 5 de mayo Fernando VII salió de Valencia empreniendo una marcha triunfal hacia Madrid. El entusiasmo popular ante el retorno de El Deseado fue inmenso. El régimen constitucional no fue capaz de oponer resistencia y las Cortes fueron disueltas el 10 de mayo de 1814.

Fernando VII empezará una dura represión creando la Comisión de Causas de Estado para perseguir a los políticos liberales, que tuvieron que marchar al exilio muchos de ellos. El regreso de Fernando VII supondrá además una vuelta al antiguo sistema de 1808, dando marcha atrás a algunas medidas del reformismo ilustrado. El descontento de los liberales y del ejército alimentará intentos fallidos de pronunciamientos militares, tanto en la Península, con José María Torrijos (1791-1831) como en América, con Francisco Javier Mina (1789-1817) en Soto la Marina en 1817.

Los nuevos ministros son incapaces de desarrollar una buena política. Medidas como la reinstauración de la Mesta, los gremios, los privilegios fiscales estamentales, la devolución de las propiedades desamortizadas, etc. llevan al país a una situación de bancarrota. A todo esto se une la disminución de la llegada de remesas de plata americana.