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Los actos dictados por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual serán recurribles directamente ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con el RDL 6/2023, de 19 de diciembre.

La convalidación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, supone que la previsión entrará en vigor a partir del 20 de marzo de 2024, según establece la disposición final 9.2 del citado Real Decreto-ley.

El artículo 102 Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece, en su apartado Treinta y uno, la modificación del apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la referida Ley, que queda redactado del siguiente modo:

«5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades, Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., y Secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional.»

Con ello se establece un régimen de impugnación de las resoluciones de la SPCPI coherente con el de otros órganos con competencias del mismo ámbito de la SPCPI, en materia de Propiedad Intelectual, destacadamente, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, así como con el de otros con funciones de regulación, en concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se clarifica con ello el papel de la SPCPI como órgano administrativo regulador en materia de tarifas de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, a través del procedimiento de determinación de tarifas, suponiendo una mejora para la seguridad jurídica de los agentes implicados en estos procedimientos.

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