Protagonistas del Trienio

“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”

Con la jura de la Constitución de 1812 por parte de Fernando VII el monarca se convertía en rey constitucional en un régimen que manifestó muy pronto sus debilidades. ¿Fue Fernando VII sincero en su juramento y manifestación de intenciones?

Según la Constitución de 1812 la soberanía residía en la nación que, libremente, había elegido a Fernando VII como su rey y éste, como monarca constitucional, veía sus funciones reguladas en la carta magna. Así, el rey no podía impedir la celebración de Cortes, ni suspenderlas, ni disolverlas; debía pedir permiso al Parlamento para ausentarse del reino, ceder o enajenar los bienes nacionales, así como para firmar alianzas, tratados de comercio, etcétera. Debía recurrir a un Consejo de Estado, entendiendo éste como un órgano deliberativo, para tratar los asuntos más importantes.

A cambio, la persona del rey era declarada sagrada e inviolable y no estaba sujeta a responsabilidades. Le correspondía como monarca la dirección de la administración del Estado, el nombramiento del gobierno y la jefatura del Ejército. Su capacidad legislativa se veía limitada y la justicia se ejercía en su nombre.

Dado el talante mostrado por Fernando VII en el periodo del "Sexenio Absolutista" (1814-1820), no parecía que fuese a acomodarse fácilmente a la nueva situación. Pronto se vio que la oposición al régimen constitucional fue diversa: por un lado, estaban los absolutistas o “serviles” dispuestos a restaurar la monarquía absoluta en la persona de Fernando; y por otro lado, estuvieron aquellos liberales, más moderados o conservadores, que consideraron necesario el cambio del texto constitucional por otro que aumentase las prerrogativas reales y estableciese un sistema bicameral. En este punto Fernando VII cumplió un papel central dentro del movimiento contrarrevolucionario.

Durante el Trienio Liberal el Palacio se convirtió, por tanto, en uno de los centros de oposición más activos a los gobiernos constitucionales. Fernando VII vio respaldadas sus acciones por algunos miembros de la Familia Real como su hermano el infante Carlos María Isidro y la esposa de éste, la infanta María Francisca.

Asimismo, algunos destacados miembros de la nobleza como el duque del Infantado se unieron a esta camarilla real. A ellos hay que unir al secretario particular del rey, Antonio Martínez Salcedo y Antonio de Ugarte . Lograron infiltrar a personas afectas a la causa fernandina tanto en los propios partidos liberales como en las sociedades masónicas y se valieron del descontento de algunos funcionarios, como Antonio Gómez Calderón y Fermín Martín de Balmaseda, y diplomáticos apartados para lograr sus fines. Entre estos últimos cabe destacar los nombres de Vargas Laguna, el conde de Fernán Núñezo Pascual Vallejo.

Aunque Fernando VII se manifestó en un primer momento contrario a la intervención extranjera para acabar con el régimen constitucional, los fracasos de algunos golpes como la conspiración de Vinuesa en enero de 1821 o el complot de la Guardia Real en julio de 1822, le impulsaron a explorar esta vía.

Así cabe destacar las gestiones emprendidas con el conde de Bulgari, embajador ruso en Madrid, para lograr el apoyo del zar Alejandro I y convencerle de actuar de la misma manera que lo había hecho Austria con Nápoles y el Piamonte. Aunque en un primer momento Rusia se negó a prestar tal ayuda, no tardó mucho en alinearse con lo expuesto por las otras potencias de la Santa Alianza.

El Congreso de Verona de 1822 precedió a la intervención armada comandada por el duque de Angulema y que daría como resultado la restauración del absolutismo en España.

Aunque las acciones de Fernando VII debieron de ser notorias a los miembros de los distintos gobiernos del Trienio Liberal, lo cierto es que fue habitual que los liberales disculpasen las acciones del rey y achacasen esas malas decisiones a la camarilla que lo rodeaba. No obstante, la desconfianza mutua fue creciendo paulatinamente.

Durante el verano de 1822 se prohibió el traslado de la Familia Real a sus palacios en El Escorial o La Granja, ya que existía el temor de que el rey aprovechase esa circunstancia para estrechar lazos con los contrarrevolucionarios.

En marzo de 1823 hubo un nuevo enfrentamiento a raíz de la orden de traslado de Fernando VII y su familia hacia el sur, a Sevilla. Aunque el rey resistió todo lo que pudo, finalmente emprendió el viaje hacia Andalucía al tiempo que se hacía el traslado de todo el aparato institucional ante la previsible invasión extranjera.