Historia

Fue creado como decisión soberana de Jaime II de Aragón, en 1318. Tuvo durante siglos la consideración de Archivo Real, propiedad estricta del monarca, y hasta 1770 estuvo alojado en el Palacio Real de Barcelona. Junto con las escrituras referentes al Patrimonio Real se custodiaron allí los documentos de gobierno y justicia, y entre ellos las series de registros de la Cancillería. Pronto creció la complejidad de la oficina: en 1346 el Rey nombraba su primer archivero, con este preciso nombre, y en 1384 le daba normas prácticas sobre la incumbencia de su cargo.

Los armarios destinados a guardar las escrituras consideradas útiles llegaron a ser 32 y cuatro las estancias destinadas a depósito documental. El protonotario velaba para que los registros, procesos de Cortes etc., según estaba dispuesto, ingresaran periódicamente en el Archivo. Aparte, también ingresaron -siempre por real orden- los fondos de algunas casas de la suprimida Orden del Temple, archivos confiscados a nobles rebeldes, y archivos de patrimonios adquiridos por la Corona. Para solventar neutralmente cierto pleito, a principios del siglo XVII se depositó una gran parte del archivo de las abadías de Sant Joan de les Abadesses y de Santa Maria de l' Estany (diócesis de Vic).

Los funcionarios de la Ilustración pusieron los ojos en el Archivo Real de Barcelona. La monarquía borbónica le dio una nueva planta (1738) y un puntual reglamento interno (1754), y con ellos el nombre nuevo de Archivo de la Corona de Aragón. Entrado el siglo XIX, el archivero don Próspero de Bofarull (1859) reveló su riqueza en historia antigua de Cataluña al publicar "Los Condes de Barcelona Vindicados" (1836), a la vez que trataba de acrecentar los fondos al incorporar archivos históricos y los de aquellas instituciones que durante su mandato le tocó ver fenecer. Sus sucesores han proseguido ambas líneas de actuación.